Horror, torturas, desapariciones
y muertes. Miles de muertes. Las que familiares, en principio, no imaginan. Y a
medida que pasaban los años, se negaban a pensar. Madres, padres, amigos y
compañeros, buscaban vivos a los desaparecidos. Buscaban rastros, buscaban
gente que los hubiera visto en algún lugar. Ésa fue, apenas, la primera etapa
en la que reinaban las reglas de las dictaduras de todo el Cono Sur.
Una época oscura, la más oscura
y dolorosa. Sin embargo, no fue una de las más difíciles, aseguró Elena
Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos
Desaparecidos, en una actividad organizada por la Asociación de Estudiantes de
Ciencias de la Comunicación, hace poco más de un mes, días antes de la 20ª. Marcha
del Silencio. Es que, recuperada la democracia, los familiares no imaginaban
que el primer gesto del gobierno, ante tantas desapariciones, fuera consignar
la impunidad con la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del
Estado. Los caminos, todos los caminos, se cerraron, y el miedo se reforzó.
En el 85’, y los años
posteriores, se presentaron causas, testigos y todo lo que fuera posible para
saber la verdad, para encontrarlos como fuera y hacer justicia. Pero “sabíamos
que no era fácil que los testigos pudieran hablar”, reconoció Zaffaroni. El
miedo era terrible. Y la transición que se dio en el país, “fue una transición
sin juzgamiento ni siquiera ético respecto a lo que sucedió”.
Hoy, a 42 años del Golpe, se
divisa muy fácilmente que durante esos años el Poder Judicial en su conjunto, “no
hizo el menor esfuerzo por abrir caminos”. Ni siquiera, los jueces fueron
capaces de citar a los militares que los familiares mencionaban, antes de ser
aprobada Ley de Impunidad. Las investigaciones brillaron por la ausencia. Fue
puro silencio. Un tremendo silencio que perduró desde el primer gobierno de Julio
María Sanguinetti (1985-1990) hasta el primero del Frente Amplio (2004-2009).
Luego, muy tímidamente, con la
creación de la Comisión para la Paz parecía que las dificultades para acceder
a la justicia y la verdad se desvanecían. El Estado reconoció aquellos hechos terroríficos,
negados hasta el año 2000, y dio a conocer una lista de decenas de
desaparecidos en territorio uruguayo. Un cambio “sustancial”. Sin embargo, los
mismos familiares tuvieron que ir haciéndose un poco investigadores, un poco
abogados, un poco de todo. Porque aun, estando el FA al frente, no hubo “resoluciones
profundas” ni “abarcativas” en relación a las investigaciones, a la importancia
de la verdad, a la necesidad de la memoria. Al recuperar la memoria, comenzaría
un camino diferente.
Pero la verdad y la justicia se
han hecho imposibles ante un Ministerio de Defensa que no cooperó, no buscó, no
exigió, ni sancionó a los militares que no colaboraron ni entregaron la
información necesaria”, expresó Zaffaroni. Y eso “no hemos logrado que el
gobierno lo comprenda”. No se ha logrado que los integrantes de toda esta
fuerza política entiendan lo que se está jugando al dejar pasar años y años
consolidando tanta impunidad por parte de diferentes instituciones que son “una
amenaza a la democracia de hoy”. Entre ellas la Suprema Corte de Justicia que ha
sido absolutamente complaciente con esta impunidad. Una cachetada a la sociedad,
a las generaciones que van creciendo y a los familiares que temen morir sin
saber la verdad. Algo extremadamente doloroso. Y ahí será tarde. Muy tarde.
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